Mejoras: La principal es posibilitar que un mayor número de trabajadores logren su jubilación. Además, aumentará la pensión mínima garantizada con cargo al sector patronal y disminuirá el cobro de comisiones por parte de las Afores.
Limitaciones: Se conserva la privatización del sistema jubilatorio, impuesta por los neoliberales en 1995, con todas las lacras y enormes perjuicios a los trabajadores, que conlleva. Entre ellas, el hecho de que los fondos para la jubilación, patrimonio de los trabajadores, sigan siendo utilizados como otro instrumento más de lucro, por la insaciable voracidad de los capitalistas.
La iniciativa de reforma al sistema de pensiones que dio a conocer el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del 22 de Julio del 2020 es positiva y, por tanto, merece ser aprobada en el Congreso de la Unión, como ocurrirá, sin duda. Pero es limitada, y exige que los trabajadores no bajen la guardia, sino que eleven la mira y luchen una mucho más profunda.
El beneficio principal de esta consiste en que reduce las semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión por jubilación, de 1,250 a 750 y vendrá a elevar de 56 a 97% la cifra de quienes podrán jubilarse. Y esto beneficiará sobre todo a los jóvenes, pues con las condiciones actuales de empleos informales y precarización del trabajo, acceder a una pensión de jubilación era casi imposible para las nuevas generaciones.
Pero el régimen de la seguridad social forma parte de los derechos sociales; no constituye un acto de caridad o beneficencia, sino la justa retribución a los trabajadores por su esfuerzo. Al privatizarse el sistema de pensiones por los gobiernos neoliberales en los 90’s, se rompió con el carácter colectivo, social y solidario del derecho de la seguridad social para volverse un problema individual de cada trabajador.
En la lógica de un esquema privado de pensiones las ganancias son para las entidades financieras que administran las Afores y las pérdidas y riesgos se socializan con el trabajador. Esa situación altamente injusta se mantiene. En 1991 se estableció en México el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que llevó los fondos de pensiones administrados por el Estado a fondos de capitalización individuales y de administración privada, iniciando el ajuste de la seguridad social a la lógica neoliberal que privilegia al gran capital. Con la reforma a la Ley del Seguro Social de 1995 (impulsada por el pri con el aval del pan), que entró en vigor el lo de Julio de 1997 y la reforma a la Ley del Issste en abril de 2007 se inició el proceso de privatización de la seguridad social en México pues se eliminó el sistema de pensiones que hasta ese momento era responsabilidad del Estado y se derivó en instituciones financieras denominadas “Administradoras de Fondos para el Retiro” (Afores) cuyo propósito en todo momento es obtener la mayor ganancia, hoy son parte importante del sistema financiero internacional y local:
“Las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión…”
Sobre la reforma ahora propuesta, no perdamos de vista que su origen no está en el gobierno que inicia la 4T, sino que es patronal, como lo explicó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del día siguiente, el 23 de Julio. Su autoría proviene, más en concreto, del Consejo Coordinador Empresarial, que también ha sido quien la ha promovido e impulsado. Y el gobierno actual la aceptó, por el hecho, ya señalado, de que trae beneficios a los trabajadores. Pero también sirve a los capitalistas, de manera importante, pues les permite asegurar que seguirán contando con esa enorme masa de capital ajeno, para generar ganancias para su particular beneficio. Y esto les conviene sobre todo en la coyuntura de la profunda crisis económica pospandemia que se está iniciando, de lo contrario no la habrían propuesto precisamente ahora. Y precisamente por eso, no será objeto del rechazo frontal de la derecha, como los son casi todos los actos de nuestro gobierno.
A la vista de los hechos, el Partido Popular Socialista de México, partido de la clase trabajadora, llama a su clase social, y al pueblo de México, a respaldar esta propuesta de reforma, pero sin perder de vista ni por un momento que hay que seguir luchando tenazmente, no sólo por la derogación de las reformas de 1991, 1995 y 2007, sino por una reforma a fondo, que abandone el régimen privado de cuentas individuales, para sustentarse sobre un fuerte y bien regulado sistema público y solidario de pensiones, que superando los vicios del anterior pueda garantizar todas las prerrogativas a las que tienen derecho los trabajadores.
LA DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE MÉXICO
23 de julio de 2020